Paradojas medievales: Ley y orden

Si nuestra peliculera imaginación nos llevase a una comarca de la Europa Occidental en la época medieval, contemplaríamos seguramente a una masa de campesinos que trabajan las tierras de unos nobles, más o menos fieles a un rey y junto con el que ostentan, cuando no se disputan, todo el poder político y económico en la zona. El rey estaría facultado para dictar las leyes, y al hacerlo tendría en cuenta los intereses de esos nobles, cuyo apoyo político, que evidentemente nunca sería gratuito, necesita. Así, las leyes que se dictasen no tendrían por objeto garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos, sino favorecer los intereses económicos de esa poderosa minoría que el rey necesita para gobernar. Se nos ocurre, por ejemplo, que el peor delito que un campesino de la época podría cometer no sería asesinar a un semejante, pues interesa poco a los poderosos la seguridad de los mismos, sino cobrarse una miserable pieza de caza en las tierras del noble, de siempre creciente extensión y vetadísimo acceso para el común de los mortales. Todos los medios públicos de la época, la misma policía y leyes que permanecerían casi impasibles ante un problema de orden que afectase exclusivamente a los campesinos, se darían inmediatamente a la persecución y el castigo de tan aberrante y revolucionaria afrenta a la dignidad y propiedades del noble. De haber existido alguna vez un mundo así, nos parecería el más injusto de los posibles, infierno para débiles y caldo de cultivo para la aparición de ladrones heroicos y vengadores.

Ahora volvamos a nuestro mundo más real y cercano, a esta España postrada y decadente, y analicemos que ha pasado con nuestro sistema judicial en los últimos años. ¿Que podríamos decir del mismo?. Cualquier intento de compararlo con el escenario medieval antes descrito pudiera parecer a todas luces descabellado. Pero constantemente conocemos casos en los que crímenes horripilantes resultan prácticamente impunes por motivos tan peregrinos como que el asesino aún no había cumplido los 18 años. O situaciones en las que el pequeño comerciante se ve indefenso el acoso del ladrón multireincidente, pues siempre que éste no robe de una sola vez por valor de más de 400 euros (aunque robe 19.000 veces una cantidad menor) se considera que ha cometido una falta en lugar de un delito. Y no olvidemos el caso en el que al volver de unas vacaciones el sufrido pagador de impuestos encuentra unos nuevos ocupantes de su domicilio habitual, que la justicia reconoce como legítimos en tanto no se demuestre, tras larguísimo y penoso proceso, lo contrario. La seguridad física y económica de los ciudadanos y pequeños empresarios no parece ser precisamente una prioridad en las agendas de nuestros políticos, imbuidos de grandes ideales y bombásticas propuestas. En cambio, sí que son castigados con severidad en nuestro código penal "delitos" como compartir con unos amigos obras musicales, cinematográficas o literarias que has adquirido haciéndoles llegar una copia de las mismas. Por algo así te pueden caer de seis meses a dos años de prisión. Por supuesto, no debemos pensar que esto tiene algo que ver con el apoyo que ciertos autodenominados artistas prestan a cierto gobierno. ¿Que podríamos pensar?. ¿Que el relativismo moral se ha convertido en relativismo penal?. ¿Que los medios públicos, la policía y las leyes, se emplean con mayor empeño en proteger los intereses económicos de una casta privilegiada e influyente que en garantizar la seguridad física y propiedades del común de los ciudadanos?. Demasiado fuerte para creerlo. Demasiado evidente para obviarlo.